República de Colombia

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Boletín de prensa 23 de agosto de 2011

 

EL TIEMPO

 

LA RECOGE, MINISTRO?

 

Por: Pedro Medellín

 

El ministro Esguerra haría bien en recoger el proyecto de reforma de la justicia.

Con el proyecto de reforma a la justicia, el gobierno enfrenta un doble riesgo.

    No le ha ido bien al gobierno Santos con el proyecto de reforma de la justicia que presentó al Congreso hace unas semanas. No sólo porque está dejando ver que se trata de una iniciativa que, conceptual y políticamente, tiene más debilidades que fortalezas, sino también porque está abriendo focos de tensión que no necesitaba. Más se ha tardado el Gobierno en presentar su propuesta de reforma, que los actores políticos e institucionales en reaccionar duramente contra ella. Unos buscando sacar provecho para cobrar viejas cuentas. Otros, tratando de hacer valer sus prerrogativas.

    Pese a que el proyecto comprende cambios tan taquilleros como la abolición del Consejo Superior de la Judicatura, el establecimiento de la segunda instancia para el juzgamiento de los congresistas y el paso de las investigaciones a la Fiscalía, entre otras, en el conjunto de la reforma el Gobierno no ha dejado ver claramente cuál es su intención. Al mismo tiempo que les ofrece un tranquilizante a los políticos preocupados por los "excesos de las Cortes", también plantea como antídoto para la congestión judicial la entrega de funciones de esa rama a notarios y abogados para la resolución de pequeñas causas.

    Sin considerar los problemas que este tipo de propuestas tienen sobre la naturaleza de la función judicial, todo lleva a preguntarse si el Gobierno tiene claro el sentido y el contenido de la reforma. Esto es, si se trata de un cambio que busca resolver los problemas de "politización" que -como argumentan- surgen de la estructura de poder en que hoy está apoyada la rama judicial o, si por el contrario, se trata de una transformación que apunta a resolver los problemas de funcionamiento del aparato judicial del país.

    Si se trata de un cambio en la estructura de poder, estamos ante la necesidad de modificar los parámetros que sostienen el equilibrio de poderes en el país y en las porciones de dominio que hoy tiene la rama judicial, tanto en sus ámbitos de competencia en el juzgamiento de las conductas ilegales, como en los procesos de selección y nombramiento de los altos poderes públicos. Pero si se trata de un problema en el funcionamiento de la justicia, entonces estamos ante una situación muy distinta, que es la urgente necesidad de descongestionarla.

    Está bien atacar los incovenientes en ambos frentes. Pero la naturaleza de ellos exige para su solución tratamientos distintos. Una misma reforma, por virtuosa que sea, no va a poder tener resultados en uno y otro lado. La razón es simple: las transformaciones en las estructuras de poder exigen procesos de deliberación y argumentación muy diferentes a los que requiere una reforma a los problemas de funcionamiento de la justicia. Unos hacen referencia a cambios en la estructura misma del Estado y los otros lo hacen a la revisión de los procesos y la asignación de los recursos.

    En este escenario, el Gobierno enfrenta un doble riesgo. Por una parte, que la reforma se convierta en una lucha de poderes. No son pocos los congresistas que quieren usar la reforma como un medio para cobrar que los jueces "se hayan ensañado contra el Congreso". Ya algunos de sus voceros han anunciado que "el Congreso se va a dar la pela para reformar la justicia a fondo". Y ese anuncio no es superfluo. Y por otra, que puesto en un campo distinto, el esfuerzo por descongestionar la justicia termine como un cambio inocuo de los que se han hecho en los últimos años a los códigos penales y de procedimiento penal, casi una por año, sin contar con las otras reformas de los demás códigos.

    El Ministro haría bien en recoger el proyecto. No sólo porque le va a permitir al Gobierno un segundo aire en la discusión pública de una reforma que hoy tiene más costos que beneficios, sino porque también va a posibilitar que se le imprima mayor coherencia a la propuesta y le confiera un margen que le asegure al Ministro una mejor calidad en las políticas de justicia.

 

EL ESPECTADOR

 

CON O SIN ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DE BASURAS BAJARÁN TARIFAS DE ASEO

 

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Juan Carlos Junca, anunció que con o sin adjudicación de la licitación de recolección, barrido y limpieza bajarán las tarifas de aseo.

Junca dijo que a partir del 16 de septiembre habrá una reducción del 19 por ciento. Cabe recordar que la prórroga de los contratos con los actuales operadores de aseo vence el próximo 15 de septiembre.

El funcionario de la Uaesp explicó que con las empresas Lime, Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia se deberá acordar la reducción mientras se lleva a cabo la adjudicación de la licitación, por 2,3 billones de pesos, que en estos momentos se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional, que solicitó su aplazamiento entre tanto no se aclaren las condiciones para los recicladores.

Con la nueva licitación los bogotanos pagarán según la cantidad de basura que produzcan y no una tarifa fija como se viene haciendo.

La adjudicación de aseo es por un plazo de ocho años y permitirá que una firma pueda aspirar a prestar el servicio en dos zonas.

Las firmas aspirantes deberán contar con carros recolectores nuevos, sistemas de pesaje y rastreo satelital para seguir el movimiento de los vehículos y de los operarios en las rutas.

Los nuevos concesionarios tendrán la obligación de transmitir los datos del servicio, rutas, cubrimientos y fallas en tiempo real para que la Uaesp esté informada de lo qué está pasando con la prestación del servicio en la ciudad.

 

 

CONGRESO DEBE LEGISLAR SOBRE HUELGAS PETROLERAS

 

Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que actualice la legislación laboral relacionada con los paros de actividades generados en este creciente negocio de los hidrocarburos en Colombia.

Ante una serie de hechos históricos que tenían que ver con el cese de actividades en distintos pozos petroleros y, junto con ello, los recientes inconvenientes de orden público que han generado los dilemas sobre la contratación de empleados de este sector en la zona del campo Rubiales, en el departamento del Meta, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que actualice la legislación laboral relacionada con los paros de actividades generados en este creciente negocio de los hidrocarburos en Colombia.

En la decisión del alto tribunal se resuelve que el Legislativo, en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política, profiera la ley que corresponda, en orden a actualizar la legislación laboral del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo (relacionado con los convenios internacionales del trabajo), para que se establezca en ella la regulación de la huelga en las actividades del sector del petróleo a partir de las precisiones que correspondan en la definición o no de dichas actividades como servicio público esencial.

Entre los hechos puntuales que se tuvieron en cuenta se detalla dentro de la sentencia que un grupo de los “accionantes fueron despedidos cuando trabajaban al servicio de Ecopetrol por participar en la huelga denominada “Huelga por la defensa de Ecopetrol”, llevada a cabo en el año 2004, que se inició tras haber agotado la etapa de arreglo directo en el proceso de negociación colectiva adelantado con la empresa y que fue declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social mediante Resolución N° 1116 del 22 de abril de 2004”.

En el texto también se conoció que durante los 36 días en que se desarrolló la huelga, con fundamento en la declaratoria de ilegalidad, se produjo el despido de 248 trabajadores por haber sido disciplinados bajo el procedimiento pactado en la convención colectiva de trabajo.

 

"MI REGRESO A LA POLICÍA ES ASUNTO DE DIGNIDAD"

 

Por: Cecilia Orozco Tascón

 

Habla la teniente de la Policía Sandra Mora, quien acaba de ganar su reintegro a la institución después de haber sido retirada del servicio por su condición homosexual. El Tribunal Superior de Meta ordena pagarle 11 años de salarios y darle la oportunidad de llegar al grado de mayor.

 

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuál fue el motivo que adujo la Policía para retirarla del servicio activo?

 

T.S.M.- Fui retirada sin motivación escrita, por la facultad discrecional que tiene el Gobierno. Pero el entonces coronel Mario Gutiérrez Jiménez, hoy brigadier general en retiro, quien era mi superior en ese momento, me había dado, meses atrás, otros argumentos de manera explícita. Él era el comandante de la Policía en Meta y yo prestaba mis servicios bajo sus órdenes, como comandante del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.

 

C.O.T.- ¿Qué le dijo su superior?

 

T.S.M.- El 10 de octubre del año 99 el comandante me citó a su oficina y me dijo que si yo no suspendía una relación sentimental que tenía con una piloto comercial, me acusaría de tener nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo para sacarme de la institución. Le respondí muy molesta que tendría que probar esa denuncia (leer relato parte superior de la pág.). Él cumplió su amenaza. Siete meses después, en abril de 2000, el coronel presentó un informe en mi contra en la Junta Asesora de Generales por esos presuntos hechos y recomendó que me sacaran. Un mes más tarde fui retirada.

 

C.O.T.- ¿Cómo supo usted que el entonces coronel Gutiérrez presentó un informe contra usted?

 

T.S.M.- Lo supe por una declaración que dio un mayor general que estuvo en esa Junta. Él declaró a mi favor ante el juez de primera instancia. Se trata del general Aldemar Bedoya.

 

C.O.T.- ¿Lo que usted quiere decir es que Gutiérrez Jiménez se inventó nexos suyos con organizaciones criminales porque le molestaba su condición de lesbiana?

 

T.S.M.- Exactamente. Como no podía solicitar mi retiro por mi orientación sexual y no tenía argumentos por fallas profesionales, se inventó esa acusación que permite retirar de manera inmediata a cualquiera en la Policía.

 

C.O.T.- ¿Qué declaró exactamente el general Bedoya a su favor ante el juez?

 

T.S.M.- El mayor general Aldemar Bedoya, hoy en día en uso de buen retiro, era el tercero al mando en esa época. Sus declaraciones fueron la prueba contundente de la discriminación de que estaba siendo objeto. Si no hubiera sido por él, me hubiera sido muy difícil probar que lo que alegaba era cierto. El general le dijo al juez que estaba enterado de la animadversión del entonces coronel Gutiérrez hacia mí por mi condición sexual y que cuando asistió a la Junta Asesora de Generales, donde se evalúan los retiros de los oficiales a solicitud de los comandantes, oyó que el coronel pedía que me separaran del servicio por mis supuestas conexiones con el mundo del narcotráfico.

 

C.O.T.- ¿Por qué razón él decide respaldarla a usted?

 

T.S.M.- El general Bedoya es una persona respetuosísima de los derechos humanos y un hombre admirable a nivel institucional. Ojalá hubiera muchos oficiales como él.

 

C.O.T.- ¿Él se enteró de su caso en la Junta de Generales para retiro?

 

T.S.M.- No. Antes yo había tenido la oportunidad de pedirle cita cuando él era inspector de la regional del Meta. Solicité audiencia con él porque acababa de suceder el incidente con el coronel Gutiérrez. Llegué a la cita con mi madre, quien siempre ha sido solidaria conmigo, y le expusimos los términos en que ocurrió la conversación con el coronel. Entonces, cuando éste presentó la solicitud para que me retiraran, el general conocía los verdaderos motivos que tenía mi superior contra mí.

 

C.O.T.- ¿Por qué en la Policía estaban enterados de que usted era lesbiana?

 

T.S.M.- Sin transgredir ninguna de las normas de conducta que se les imponen a los policías, tampoco oculté mi condición. Cuando era alumna de la Escuela General Santander había sido investigada por ese mismo motivo dos veces, pero no porque tuviera una relación amorosa dentro de la Escuela, cosa que nunca sucedió porque era respetuosa de mi entorno profesional, sino por el machismo que hay en todas las instituciones. No hubo razones para que me sancionaran y por eso continué mi carrera.

 

C.O.T.- Perdone que le insista, pero, ¿nunca hubo motivo de molestia interna con usted por sus comportamientos personales en su trabajo?

 

T.S.M.- No, nunca. No hay una sola policía que haya hecho algún cuestionamiento por mi conducta en la rutina del trabajo diario. Soy una persona seria e incluso puedo calificarme como muy conservadora y convencional. En cambio mis resultados en materia de operativos contra el narcotráfico, en capturas, en incautación de armas y munición, de narcotráfico y hasta de captura de policías por corrupción quedaron como testimonio de mi ejercicio profesional en mi hoja de vida.

 

C.O.T.- ¿Es cierto que usted fue objeto de seguimientos por la propia Policía, aun siendo oficial activa?

 

T.S.M.- Sí. Supe que me habían hecho algunos seguimientos en Villavicencio, pero mi superior anterior al coronel Gutiérrez respetó mi vida privada.

 

C.O.T.- ¿Esos seguimientos significan que usted estaba siendo perseguida por sus inclinaciones sexuales mucho tiempo antes de que la retiraran del servicio?

 

T.S.M.- Cuando fui investigada en la Escuela no me sentía perseguida a nivel institucional y tampoco después, pero cuando el coronel Gutiérrez Jiménez me indagó explícitamente sobre mi vida sexual, supe lo que era discriminación.

 

C.O.T.- ¿Qué pasó con usted después del incidente con el coronel Gutiérrez?

 

T.S.M.- Solicité vacaciones para poderme trasladar a Bogotá y hablé con unos generales a quienes les comenté la situación que vivía en Villavicencio. Ellos me autorizaron el traslado. Llegué en noviembre y cinco meses después, como ya le dije, mi nombre estaba ante la Junta de Generales.

 

C.O.T.- O sea que el coronel logró cumplir su amenaza contra usted.

 

T.S.M.- Sí. Cumplió su advertencia verbal del 10 de octubre anterior. Logró sacarme y de paso dañó mi vida, la de mi madre y mis hermanos, porque desde entonces hemos sido perseguidos, señalados y estigmatizados.

 

C.O.T.- ¿En qué consiste, según usted, la persecución a su familia?

 

T.S.M.- Un mayor y varios agentes de Policía de Puerto Carreño, donde viven mi madre y mis hermanos, requisaban todo lo que mi mamá me enviaba. Mis hermanos fueron rechazados por las cuatro fuerzas cuando se presentaron para prestar servicio. A pesar de que yo había sido retirada de esa manera, ellos quisieron ingresar a cualquiera de las armas. Fueron eliminados durante los procesos de admisión con el argumento de que había un informe de inteligencia que decía que su hermana era narcotraficante y paramilitar.

 

C.O.T.- ¿Qué tipo de amenazas han recibido usted y su familia?

 

T.S.M.- La primera vez me llamó un hombre y me dijo: “Ya sabemos qué tenemos que hacer. Cuídese”. Posteriormente entraban llamadas en silencio. Después hubo seguimientos de carros sin placas y de una moto. Dos veces se nos entraron al vehículo que tenemos con mi pareja. Al principio creímos que se trataba de un intento de robo, pero no se llevaron ningún objeto. La segunda vez nos tocó pedir apoyo de expertos antiexplosivos. Por último, hemos vuelto a ser objeto de seguimientos. Hace unos días volví a recibir un mensaje. Y después entró otro en que me advertían que desistiera o que si no las consecuencias las recibiría mi familia.

 

C.O.T.- ¿Desistir de qué?

 

T.S.M.- No lo sé. Me lo imagino, pero me lo callo para no hacer acusaciones sin fundamento.

 

C.O.T.- ¿Es cierto que su mamá también recibió amenazas?

 

T.S.M.- Es cierto. Mi mamá, una mujer de trayectoria política en Vichada, estaba aspirando a la Gobernación del departamento, pero acaba de desistir, precisamente por las amenazas. Una madrugada llegaron a tocarle la puerta. Un sujeto con casco negro puesto, para que no se le pudiera ver la cara, le dijo que me advirtiera que no estaban “jugando”. Empezaron a hacerle seguimientos también a ella. Sin embargo, el Ministerio del Interior acaba de notificarnos que no nos dará seguridad. La única entidad pública que nos ha apoyado es la Personería de Bogotá.

 

C.O.T.- ¿Las amenazas arreciaron después de que se conoció la decisión de segunda instancia?

 

T.S.M.- Definitivamente sí.

 

C.O.T.- ¿Qué resuelven los dos fallos?

 

T.S.M.- El juez dice que me deben reconocer todos los salarios dejados de percibir durante estos 11 años y que me deben reintegrar a la Policía con el grado que tenía cuando fui retirada o con uno superior. El Tribunal confirma la decisión del juez, pero lo aclara ordenándole a la institución que el reintegro debe ser inmediato, que me llame a curso de capitán y luego de que llene todos los requisitos me llame a curso de mayor para reconocerme la antigüedad y grado que tendría si no hubiera sido retirada con “desviación de poder”.

 

C.O.T.- Suponga que mañana la reintegran, usted se posesiona de su puesto, ¿y qué hace?

 

T.S.M.- Continúo la carrera.

 

C.O.T.- ¿No va a renunciar?

 

T.S.M.- No. Mi regreso a la institución es un asunto de dignidad, de respeto propio y respeto a mucha gente que ha sido retirada no sólo de la Policía, sino de las otras instituciones armadas por una facultad que ha estado siendo usada con arbitrariedad. Yo continuaré, esperaré a nivelarme y posteriormente el mando institucional decidirá si sigo la carrera o no.

 

C.O.T.- Pero, ¿usted se imagina cómo la van a recibir en esa institución y el aislamiento que va a sufrir?

 

T.S.M.- Espero respeto. Llegaré a trabajar con la mejor disposición y con el profesionalismo que siempre me ha caracterizado. De mi parte pondré todo mi conocimiento para servirles a la Policía y a la comunidad.

 

clara discriminación sexual

 

Nunca un caso de discriminación sexual fue tan claro para la justicia como el de la teniente de la Policía Sandra Mora Morales, retirada supuestamente para depurar la institución, pero, en realidad, fue debido a su condición de lesbiana. El 10 de octubre de 1999 el coronel Mario Gutiérrez Jiménez, su superior, la citó a su despacho y le dijo que sabía que ella era una excelente oficial, pero que también sabía que tenía una relación con una piloto comercial “que iba más allá de una simple amistad”. Gutiérrez le dio dos opciones: una, terminar su relación. Dos, si no obedecía, la haría retirar del servicio inventándole nexos con paramilitares y narcotraficantes. Mora se enfureció y discutieron. Siete meses después el coronel solicitó ante la Junta Asesora de Generales el retiro de la teniente por corrupción. Un oficial, que formaba parte de la Junta, el mayor general (r) Aldemar Bedoya, quien conocía de antemano el caso, se negó a quedarse callado y declaró ante el juez que “el coronel Gutiérrez tuvo con la teniente serios altercados… Como la teniente defendió su condición homosexual, él buscó los medios de solicitarle el retiro por la facultad discrecional del Gobierno, lo cual está lejos de ser justo y honesto”. Esta declaración fue definitiva para fallar a favor de la oficial.

 

Exjefa de 650 hombres

 

Cecilia Orozco.- ¿Cuánto tiempo llevaba usted en la institución cuando la retiraron?

 

Teniente Sandra Mora.- Era teniente efectivo y llevaba más de seis años en la institución.

 

C.O.- ¿Cuáles fueron sus calificaciones para llegar a ser subjefa de un grupo de 650 hombres?

 

T.M.- Mis calificaciones en la escuela fueron excelentes. Fui ‘brigadier’ —reconocimiento a los mejores alumnos para asumir mando frente a sus compañeros— casi toda mi trayectoria académica. Tengo varias condecoraciones y más de cien felicitaciones. Fui la primera mujer en el área de protección a dignatarios y también la primera instructora de escoltas. Terminé asumiendo la responsabilidad de darles seguridad a ministros, otros altos funcionarios y personajes de la diplomacia.

 

C.O.- ¿Usted es experta en armas?

 

T.M.- Sí. Experta en disparo con pistola, escopeta y fusil.

 

C.O.- Personajes a los que haya escoltado.

 

T.M.- Muchos. Recuerdo ahora a Alan Jara cuando era gobernador, al exministro Carlos Medellín y al fallecido defensor del Pueblo José Fernando Castro Caycedo

 

EDITORIAL

 

HOMOFOBIA EN LAS FUERZAS

 

En una entrevista publicada por este diario el pasado domingo, Cecilia Orozco indaga las razones por las que Sandra Mora, hoy reintegrada a la Policía, fue expulsada de la institución hace once años.

La explicación que figuraba en los archivos de la Policía lo clasificaba como un caso corriente de corrupción: los nexos demasiado repetidos con el narcotráfico o el paramilitarismo que azotan a la Fuerza Pública. El verdadero motivo —así lo dijo un juez y lo confirmó un Tribunal—, lejos de todo crimen estipulado en el derecho colombiano, fue el ejercicio pleno de una libertad: su condición homosexual.

¡Y qué eficacia para castigarla! No pasaron siete meses desde que el entonces coronel Mario Gutiérrez Jiménez supiera de esta noticia, para que convocara una Junta Asesora de Generales y echaran a la calle, con pretextos falsos, a esta teniente. No se trata solamente de que no haya podido ejercer plenamente su preferencia sexual, como es debido, sino que tuvo que enfrentar un verdadero calvario: sus hermanos no pudieron ingresar a la institución, debió cargar con la cruz de estar relacionada con las mafias delincuentes de este país, quedó además desempleada. ¿Qué puede llevar a miembros de la Fuerza Pública a realizar semejante complot? La homofobia, que en este país reina.

Porque no sólo les fue suficiente prohibir lo no prohibido al mandarla a terminar su relación afectiva con otra mujer, sino que fueron mucho más lejos como represalia, al punto de inventar una ilusión y perpetrar así una conducta doblemente reprochable. La justicia llegó, sí, pero con once años de retraso. Once años de discriminación y condena. Y es apenas lógico pensar que casos como éste deben reproducirse a diario en las fuerzas sin que nos demos cuenta. Para la muestra está el caso del oficial William Viasus, quien asegura que lo “sacaron de la Policía por ser gay” a finales del año pasado. Inconcebible. El oficial quiso hacerle frente a la mojigatería que según él existe en la Fuerza Pública, ya que, contrario a muchos otros, confesó su condición en vez de ocultarla como hacen algunos, formando familias y saliendo con mujeres. ¿Qué le hace más daño a la sociedad? ¿Un homosexual confeso que quiere estar tranquilamente con otro, o uno que lo oculte teniendo hijos con una mujer?

Hay una tendencia de los países para eliminar esta discriminación. El presidente de EE.UU., Barack Obama, eliminó la legendaria y reprochable política que existía en las filas estadounidenses, llamada “no preguntes, no cuentes” (don’t ask don’t tell), que ponía un manto de hipocresía en la fuerza: mientras no se sepa, todo está bien. En Colombia también: ya se restableció el derecho de la teniente Sandra Mora, fue reintegrada a la fuerza, y deben pagársele todos los salarios no ganados durante estos once años.

Sin embargo, a pesar de avanzar, lo hace a pasos muy lentos. La sociedad, que no es capaz de reconocer la diferencia, les pone muchos frenos a estos derechos de la población LGBTI, basándose más que todo en argumentos fácilmente desvirtuables. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia de la Corte sobre el matrimonio gay que exhorta al Congreso a legislar sobre la base de la igualdad entre parejas del mismo o distintos sexos y a crear para ellos una figura equivalente al matrimonio. El Partido Conservador le sale al paso con una propuesta de consulta popular para que sea la sociedad quien decida si esto es correcto o no. Es decir, hacer lo impensable: someter a votación mayoritaria un asunto que beneficia a las minorías.

Casos como el de la teniente Sandra Mora o el oficial William Viasus son apenas la punta del iceberg. Muchos otros se multiplican en el día a día sin que se tenga noticia de ellos. Cosas injustas, como urdir una mentira que involucre al individuo con criminales perseguidos en Colombia, atentando además contra el buen nombre y la honra, se dan porque aún no podemos entender que las personas tienen un gusto diferente al del resto. Mientras tanto, es muy probable que esos pasos de gigante que toma el derecho se vean cortados en las relaciones de la sociedad misma.

 

BASURA: ENTRE RECICLADORES Y AVIVATOS

 

Por: César Rodríguez Garavito

 

Huele mal la licitación de las basuras en Bogotá. Como por arte de magia, han aparecido miles de “recicladores” afiliados a asociaciones creadas a última hora para sacar tajada de las reglas del concurso, que buscaban favorecer a los verdaderos recicladores, los que llevan años escarbando en la basura y prestando un servicio ambiental que no tenía precio.

La razón es que ahora el negocio tiene precio, y muy alto. En el proceso se juegan $2,5 billones, por los que pujan poderosas empresas que, por efecto de fallos de la Corte Constitucional, deben asociarse con organizaciones de recicladores para licitar. De modo que el oficio de reciclador —el “desechable” que todo el mundo aborrecía— ahora es la profesión de moda entre avivatos de todo tipo.

La entidad encargada del asunto (la Uaesp) sigue sin explicar cómo va a filtrar a los oportunistas y cumplir las decisiones de la Corte que protegen a los recicladores. Por eso la misma Corte suspendió la licitación el jueves pasado, mientras se desenreda una historia de varios años de corrupción, ineficiencia y discriminación contra los recicladores.

Todo comenzó en 2003, cuando la segunda alcaldía de Mockus intentó sacarlos del mercado, al adjudicar la pasada licitación. Cuando la Corte falló una tutela a favor de los informales, era demasiado tarde: la Alcaldía ya le había entregado el negocio al sector privado y excluido a las cooperativas de recicladores. Las mismas cooperativas que, en 1990, habían fundado la Asociación de Recicladores de Bogotá y habían convertido a cientos de recolectores pobres en pequeños empresarios que accedían, por primera vez, a un ingreso estable y a la seguridad social.

Así lo vimos quienes estudiamos las cooperativas y acompañamos a sus miembros en sus recorridos callejeros en las heladas noches bogotanas. Así lo reconocieron fundaciones de todo el mundo, que escogieron a Bogotá como sede del primer encuentro internacional de recicladores, en 2008.

Como el daño ya estaba hecho, la Corte le advirtió al Distrito que en futuras licitaciones incluyera “acciones afirmativas a favor de los recicladores (…) a fin de lograr condiciones reales de igualdad”. La advertencia se materializó en 2009 en Cali, cuando la Corte tumbó la licitación de basuras de esa ciudad por no haber tomado esas acciones.

A pesar de esos precedentes, la administración de Samuel Moreno volvió a marginar a los recicladores. Primero lo hizo con la adjudicación del relleno de Doña Juana, que la Corte también suspendió. Y reincidió en la actual convocatoria, en la que la Corte ha intervenido varias veces para atajar los goles que la Uaesp le ha querido meter a sus fallos y a los recolectores.

Presionada por la Corte, la exdirectora de la Uaesp rediseñó a las carreras las reglas del concurso, antes de ser destituida por la Procuraduría por malos manejos en Doña Juana. Con semejante improvisación y procedencia, no sorprende que las nuevas reglas estén generando un caos en la licitación y resulten inconvenientes tanto para los recicladores como para las empresas de aseo.

Tampoco sorprende que la Uaesp haya validado dudosas organizaciones de recolectores informales. Entre los “recicladores” descubiertos en un informe de La Silla Vacía hay un exsargento del Ejército que sostuvo ante las cámaras que “al ver que había tanto abandono de los recicladores y que unos se creen recicladores y no reparten, por eso me metí yo”.

Por eso mismo se debe meter la alcaldesa (e), quien tiene la capacidad técnica y la responsabilidad política que no tiene la Uaesp. Al asumir el proceso, la alcaldesa López debe comenzar por dar las explicaciones que pide la Corte y seguir por replantear las reglas de la licitación sobre reciclaje. Tiene pocos días para hacer lo primero y escasos meses para hacer lo segundo. Y mostrar que es posible hacer una adjudicación limpia, donde quepan las grandes empresas y los recicladores genuinos.

 

PENA DE MUERTE CONTRA LA MUJER

 

Por: Cristina de la Torre

 

Destilando odio, jefes conservadores, algunos jerarcas de la Iglesia, pastores evangélicos, el procurador y damas de pro capaces de extremos inauditos redoblan una cruzada contra la mujer, que linda con el crimen: negarle el derecho a salvar su vida sacrificando la del feto, si es el caso, puede llegar a configurar homicidio culposo contra la mujer que así enfrenta el duro trance de sobrevivir.

La iniciativa de volver a penalizar el aborto en tres casos de excepción será sentencia de muerte para miles de mujeres que, acorraladas por el fanatismo y sin protección legal, tendrán que rendir su vida a la de un ser que a la temprana hora del aborto no es persona todavía, pues no habrá desarrollado el sistema neurocerebral. Otras tantas morirán, obligadas a abortar en secreto y a mansalva: prohibido el aborto legal, se catapulta el ilegal y, con éste, el riesgo de muerte para la mujer. Entonces cantarán victoria quienes —todo carnitas y huesitos— se consideran a sí mismos encarnación de la moral y de la ley divina. Ciegos en su arrebato a la doctrina misma de la Iglesia, la deforman a su antojo. Contradictorio, sí, pero en todo caso más versátil, tal principio prohíbe matar a un ser humano indefenso, mas justifica el aborto en legítima defensa de la vida de la madre. Sin embargo, los paladines de marras acomodan el precepto religioso al golpe de la espada que se propone hacer justicia sin distingos ni contemplaciones. Parecieran querer eliminar de un tajo a todas aquellas cuya supervivencia es prueba flagrante de haber atentado contra la vida del feto. Y, ay, se dicen enemigos de la pena de muerte.

El Catecismo de la Iglesia Católica prohíbe matar a un inocente, pues la vida humana es sagrada, creación de Dios. Pero señala excepciones, entre ellas, la legítima defensa. El amor a sí mismo es principio fundamental de la moralidad, reza el artículo 2264; de donde resulta legítimo hacer respetar el derecho a la vida propia: el que defiende su vida no es culpable de homicidio, aun cuando se ve obligado a eliminar a su agresor. El Código de Derecho Canónico prescribe atenuantes cuando la persona actúa coaccionada por el miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio grave. Para el caso que nos ocupa, quien aborta no incurre en pena de excomunión (Artículo 1324). Explica la teología más reflexiva que la doctrina de la Iglesia es ambivalente porque la vida no es un absoluto que se resuelva en blanco o negro. Si un náufrago logra asirse a un madero y un segundo que no cabe pretende lo mismo, el primero tendrá que decidir si abandona y se suicida o si desaloja al intruso para salvar su propia vida. Vale la metáfora para la madre y el feto. Aquí lo único que cuenta es la conciencia de la mujer. En ello se apoyan, verbigracia, “Católicas por el derecho a decidir” sobre el aborto.

En sus luchas intestinas de poder, terminó por imponerse en la Iglesia la facción ultraconservadora que el Opus Dei preside. Arrinconada la corriente liberal, cobró nuevos bríos el tabú de la sexualidad, que la niega como fuente de placer y sólo la justifica para procrear. Por eso prohíbe lo mismo el aborto que el condón: ambas cosas conducen a la abstinencia sexual. Y a negar el derecho a la vida de la mujer, la igualdad de géneros, la libertad reproductiva.

Creada la identidad entre pecado y delito, se arroja leña a la pira inquisitorial de tiempos idos, con incineración de la mujer que se negó a morir de parto. Pena tan cruel como la prisión perpetua —muerte en vida— que la senadora Gilma Jiménez propone para los violadores de niños. Promueve ella referendo para validarla. Como referendo promoverá el jefe conservador José Darío Salazar contra el aborto que la Constitución autoriza. Apoteosis del Estado de opinión al servicio del fundamentalismo.

 

REVISTA SEMANA

 

LA DOBLE PERSONALIDAD DEL ESTADO

 

Por Sergio Chaparro Hernández*

 

Cuando de hablar del respeto a los derechos laborales se trata, la retórica de los gobiernos no tiene límites; pero a la hora de contratar el Estado es el primero en vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Será diferente ahora?

Cada vez que Uribe daba un discurso para defender alguno de los TLC´s que se negociaron durante su gobierno, no ahorraba en palabras expresando su compromiso con los derechos de los trabajadores.

Pero fue durante su gobierno que se realizaron masivos procesos de reestructuración en los que los servidores públicos pasaron a ser vinculados a las mismas entidades a través de cooperativas de trabajo asociado, con menores garantías laborales y posibilidades nulas de sindicalizarse. Fue durante su gobierno cuando se expidió un decreto que le permitía a las Empresas Sociales del Estado contratar todos sus servicios mediante operadores externos, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado. Fue durante su gobierno, cuando las nóminas paralelas de las entidades públicas crecieron de forma desbordada, a tal punto que en entidades como el SENA había en 2010 más de 25.067 contratos de prestación de servicios, mientras que los trabajadores de planta eran apenas 6.904. Y ni hablar de la Contraloría, del DNP o del DANE.

Esto evidencia que en el tema de los derechos laborales el gobierno pasado tenía una doble identidad: una como culebrero y otra como empleador. La primera es la que asumía cuando daba discursos, iba a los actos simbólicos, o firmaba TLC´s. Se adornaba de palabras bonitas, ponía cara de yo no fui y convencía –o más bien estafaba- a todo el mundo. La segunda en cambio era la que trataba de ocultar, la que asumía secreta y silenciosamente pero, al fin y al cabo, la más genuina. Era la que salía descarnadamente a la luz cuando legislaba, o cuando militarizaba los hospitales para despedir trabajadores en las reestructuraciones. La que utilizaba cuando presionaba a los trabajadores despedidos para que se vincularan a cooperativas y pudieran seguir prestando sus servicios en las mismas entidades, solo que con garantías laborales sustancialmente recortadas.

El gobierno de Santos no se ha quedado atrás en cuanto a discursos y actos simbólicos sobre este tema. De hecho pareciera que la retórica sindical de Angelino hubiera contagiado incluso a los que hace un tiempo se contaban entre los peores villanos teóricos del sindicalismo: el Ministro de Protección Social y el Ministro de Hacienda, quienes en su papel de académicos e investigadores no paraban de insistir en la necesidad de desmontar las rigideces del mercado laboral, y hoy ya firman acuerdos laborales sellados con fervorosos abrazos con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores y quizás futuro ministro del trabajo.

Pero a diferencia del gobierno anterior, la actitud de Santos ha ido más allá de los discursos y ha logrado concretarse al menos en importantes iniciativas normativas. Prueba de ello es la aprobación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y su decreto reglamentario 2025 de 2011, expedido en junio de este año. Estas normas prohíben a las entidades públicas o privadas contratar a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, o cualquier otra modalidad que vulnere los derechos de los trabajadores, la realización de funciones misionales permanentes.

Lo dispuesto en esta norma plantea un enorme desafío para el gobierno, pues habría que corregir la ilegalidad de las estructuras de contratación hoy vigentes en muchas entidades. Ya el Congreso eliminó el congelamiento de la nómina de las entidades estatales que había sido establecido en el año 2000. Pero, por solo mencionar un ejemplo, en el sector salud el personal médico (especialistas, enfermer@s, anestesiólog@s) que actualmente cumple funciones permanentes mediantes contratos de prestación de servicios, o cooperativas, tendría que ser incorporado a la planta de personal. Esto significaría reversar los ya muy avanzados procesos de tercerización laboral realizados por gobiernos anteriores con las reestructuraciones, lo cual implica destinar una importante suma de recursos para contratar a estos profesionales, bajo condiciones dignas, en los hospitales públicos.

 

El verdadero compromiso con los derechos laborales empezará cuando el Estado dé ejemplo en su papel de empleador al resto del sector privado. ¿Estará Santos dispuesto a superar la doble moral de su antecesor?

 

 

NOTICIERO CMI

 

URGEN AL CONGRESO ACTUALIZAR LEGISLACIÓN LABORAL

 

La Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso para que actualice la legislación laboral en materia de huelgas relacionadas con actividades del sector petrolero.

El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al estudiar una tutela que interpusieron 50 trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, contra esa entidad, después de haber sido despedidos por participar en una huelga.

Según la Corporación, hasta el momento se encuentran prohibidas las huelgas en servicios públicos esenciales como la banca central, seguridad social y servicios públicos domiciliarios.

Por lo tanto es necesario que el Congreso defina si la actividad en el campo petrolero es considerada un servicio esencial o no para evitar que se presenten inconvenientes a la hora de afrontar una huelga petrolera, debido a la falta de una legislación clara sobre la materia.